Gracias a la participación del Estado, el modelo entrerriano de desarrollo gasífero es considerado uno de los mejor planificados y ejecutados del país: gasoductos troncales, ramales de aproximación y redes de distribución urbana se integran en proyectos que suelen llevar servicio a localidades que no lo tenían o ampliar el área de cobertura en ciudades ya abastecidas. La gran apuesta para 2019 en materia de infraestructura es el cierre norte
Hasta que empezó a ser citada en torno al proyecto de cruce subfluvial de un gasoducto que abastecería a la provincia, para el grueso de los ciudadanos el nombre de Aldea Brasilera no era más que un mojón en la ruta 11, una referencia en la cartelería vial, un paraje modesto en casas y en trama urbana, a mitad de camino entre Paraná y Diamante. En los 31 años que transcurrieron desde el 5 de diciembre de 1987, creció de manera notable la red gasífera mientras la colonia de descendientes alemas del Volga lo hizo a cuentagotas.
Paradojas de la política comarcal, la localidad desde la que el proyecto se ramificó hasta conformar una fuerte trama los ductos de gas natural recién hace cinco años empezó a gozar del servicio.
Hoy, uno de los troncales se extiende en el sentido de la ruta 127 (hacia Uruguayana) mientras el otro, de propiedad de la provincia de Entre Ríos, lo hace espejando la traza de la ruta 39, hasta Concepción del Uruguay; de allí llega hasta el sur (Gualeguaychú, Gualeguay) y a Chajarí (cerca del límite con Corrientes). También con inversión provincial se ejecutó un gasoducto productivo, que abastece a Racedo, Sauce Pinto, María Luisa, Villa Fontana y Gobernador Etchevehere. Desde esas referencias, sobrevienen diversos gasoductos de aproximación y, en numerosas localidades, redes domiciliarias.
“A partir de los troncales, la provincia desarrolló un programa que incluye ramales de aproximación y redes que alimentan a ciudades y parques industriales”, cita el secretario de Energía, Jorge González. “Todo se hizo con el Fondo de Desarrollo Energético, que está incluido en la tarifa eléctrica”, subraya Silvina Guerra, directora de Desarrollo gasífero, al insistir en que “hoy, la provincia tiene cubierta con redes el 75% de su territorio”. Retoma González para aportar que “esto nos convierte en una de las dos provincias argentinas con mejor cobertura”.
Para el funcionario, “ese desarrollo, a lo largo de las distintas gestiones de gobierno, cada cual con su impronta, fue posible gracias al aporte dinerario de todos los entrerrianos y lo que debemos saber es que esos recursos aplicados correctamente nos hacen una provincia mejor, menos desigual”.
Un fondo imprescindible
El Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos es un instituto necesario, promotor de progreso y factor decisivo para el arraigo de familias en el área rural, dado que es un financiamiento genuino que permite realizar obras de extensión de las redes de gas y eléctrica. El propio gobierno reconoce el factor energético cuando destaca “la trascendencia que este recurso produce (…) cotidianamente en el valor de su uso” para cada entrerriano, en tanto y en cuanto “logra mejorar su trabajo, acondicionar su lugar de residencia y proyectar sus anhelos propios de bienestar y el de su familia”.
Al analizar la conformación de la tarifa eléctrica, se puede advertir que el único cargo provincial en la factura es para el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos que, como se dijo, se aplica a obras de gas natural y electrificación rural. De todos modos, en los consumos de 0 a 300 Kw/h esa carga es de cero por ciento, es decir que no hay aplicación de ese fondo en los consumos más bajos. Originalmente, de 301 a 800 Kw/h fue del 13 %, y de 801 Kw/h en adelante, del 18 %.
Presionado por los pedidos para morigerar el impacto de los aumentos tarifarios dispuestos por la Nación, en mayo el gobierno provincial accedió a reducir a la mitad las contribuciones del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (Fedeer) sobre la facturación de Enersa y las cooperativas que son las distribuidoras en la provincia de Entre Ríos.
La reducción temporal de la carga, que no afecta de manera decisiva ninguna ecuación de rentabilidad, ya sea hogareña, comercial o productiva, significó que, para 2018, no se dispusiera de 144 millones de pesos. Dado que se trata de fondos afectados a obras, la primera consecuencia fue una ralentización en la ejecución del plan en marcha.
